IGJ otorga plazo hasta diciembre para regularizar balances adeudados
By Redacción regUNDO · October 2026 · 2 min read
Las sociedades y entidades alcanzadas por el régimen de la Inspección General de Justicia tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para regularizar sus estados contables pendientes. La prórroga se complementa con un nuevo sistema de presentación digital que reduce trámites, costos y exigencias administrativas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen especial para regularizar balances y documentación contable adeudados. La medida, establecida mediante la Resolución General 6/2026, permite a las entidades comprendidas ponerse al día mediante el pago de un único formulario, independientemente de la cantidad de ejercicios pendientes.
La prórroga alcanza también a los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados hasta el 30 de junio de 2026. Su implementación responde, entre otros motivos, a las dificultades señaladas por profesionales de ciencias económicas para cumplir con las presentaciones en períodos de elevada concentración de obligaciones tributarias y laborales.
Qué deben tener en cuenta las entidades
Plazo de regularización. La moratoria permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Menores costos. Se abona un único formulario, aunque existan varios ejercicios adeudados. Cada balance debe presentarse mediante un trámite individual.
Presentación digital. Desde julio, la documentación se presenta mediante el Sistema Online de Documentación Abierta (SODA), sin necesidad de concurrir personalmente al organismo.
Suspensión de procedimientos sancionatorios. Hasta el vencimiento del régimen, quedan suspendidos el inicio y la tramitación de determinados procedimientos sumariales por falta de presentación de estados contables, con las excepciones previstas en la normativa.
Alcance. El régimen comprende a sociedades y entidades obligadas a presentar estados contables ante la IGJ que reúnan los requisitos establecidos, incluidas asociaciones civiles y fundaciones.
La moratoria forma parte de un proceso más amplio de modernización administrativa. Mediante la Resolución General 9/2026, el organismo también simplificó exigencias documentales y procedimientos relacionados con la presentación de estados contables. A ello se suma la incorporación progresiva de expedientes y notificaciones electrónicas.
Estas modificaciones tienen especial relevancia para contadores, abogados y responsables de la administración societaria, que pueden completar las presentaciones mediante procedimientos digitales y con menores costos de cumplimiento.
Desde RegUNDO consideramos que esta reforma apunta a corregir una práctica demasiado extendida en la administración pública, y es la acumulación de exigencias formales que, con el tiempo, terminan adquiriendo más importancia que la finalidad para la cual fueron establecidas. La simplificación de los procedimientos constituye un avance, pero también es necesario revisar las obligaciones que les dan origen. Las empresas destinan tiempo y recursos a satisfacer requerimientos administrativos cuya utilidad no siempre resulta evidente. La decisión de la IGJ representa un paso en esa dirección y plantea una cuestión más profunda: hasta dónde se justifica la intervención del Estado en la organización y el funcionamiento de las sociedades, y cuánto de ese control termina convirtiéndose en un obstáculo para la actividad económica.
