La chatarra cautiva: la desregulación que devolvió competencia al mercado

Durante años, cientos de empresas argentinas fueron propietarias de residuos metálicos que, sin embargo, no podían vender libremente. La prohibición de exportar chatarra las obligaba a negociar dentro de un mercado reducido, integrado por un número limitado de compradores industriales. El material pertenecía a las pymes; el Estado determinaba dónde podían comercializarlo.

La restricción había comenzado en 2009 como una medida transitoria. Desde entonces, fue restablecida o prorrogada mediante una sucesión de resoluciones y decretos hasta el 31 de diciembre de 2024. La justificación permaneció prácticamente inalterada: asegurar una disponibilidad fluida de materia prima para la industria siderúrgica y metalúrgica nacional. Así lo exponía, entre otras normas, el Decreto 1040/2020, posteriormente prorrogado y ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, garantizarle insumos a una industria mediante la prohibición de venderlos a otros compradores no constituye una política neutral. La medida reducía artificialmente las alternativas de las empresas recolectoras y recicladoras y fortalecía, por esa vía, la capacidad negociadora de quienes adquirían la chatarra dentro del país. El beneficio no aparecía como subsidio en el presupuesto, pero era financiado mediante el menor precio que podían obtener los propietarios del material.

El debate público suele identificar ese sistema con Paolo Rocca y el grupo Techint, cuya empresa siderúrgica Ternium se encuentra entre los grandes consumidores industriales de chatarra. No obstante, la cuestión institucional no depende de probar la existencia de un monopolio ni de atribuir una conducta ilícita a una compañía determinada. El problema era la regla: numerosos vendedores estaban obligados a negociar con un conjunto reducido de compradores nacionales porque el Estado había eliminado la alternativa de exportar.

La objeción, por lo tanto, no reside en que una industria procure adquirir sus insumos al menor precio posible. Esa conducta forma parte de cualquier actividad económica. Lo cuestionable es que el poder público suprima las demás opciones del vendedor para asegurarle al comprador condiciones que no habría obtenido dentro de un mercado abierto. Allí la ventaja empresarial deja de provenir de la eficiencia y comienza a depender de una restricción jurídica.

En términos concretos, la desregulación impulsada por Federico Sturzenegger corrigió tres distorsiones:

• Devolvió a las pymes la posibilidad de elegir dónde vender.

• Introdujo competencia externa frente a los grandes compradores locales.

• Permitió valorizar residuos que antes podían quedar acumulados o venderse por debajo de su valor.

El cambio comenzó con el Decreto 1/2025, que dispuso que la exportación de residuos no peligrosos valorizados dejara de estar sujeta a prohibiciones. En lugar de una autorización discrecional, estableció una declaración jurada, un plazo de diez días hábiles para que la autoridad se pronunciara y la aprobación de la solicitud si la Administración guardaba silencio.

La derogación de la prohibición económica, sin embargo, no bastó para abrir efectivamente el mercado. Todavía subsistían controles aduaneros instaurados en 2008, entre ellos circuitos obligatorios que sometían estas operaciones a verificaciones especiales. Para removerlos, la Resolución 9/2025 de la Dirección General de Aduanas derogó aquellas disposiciones y amplió las aduanas habilitadas. Posteriormente, la Resolución 393/2025 organizó el procedimiento mediante Trámites a Distancia y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

La secuencia revela uno de los problemas señalados por Sturzenegger: la burocracia argentina suele construir restricciones superpuestas. Derogar una norma puede no producir efectos cuando debajo de ella subsisten otras disposiciones capaces de mantener la misma barrera. En este caso, fue necesario remover sucesivamente la prohibición económica, los controles aduaneros redundantes y los obstáculos operativos que todavía impedían exportar.

Los resultados aparecieron cuando el nuevo régimen pudo funcionar plenamente. Según el gráfico publicado por el propio Sturzenegger, las exportaciones de chatarra, prácticamente inexistentes antes de la reforma, se aceleraron durante 2026 y alcanzaron un acumulado cercano a los USD 60 millones en los últimos doce meses. No fue el Estado quien creó ese valor mediante subsidios o programas de promoción. Fueron las pymes las que pudieron realizarlo cuando recuperaron la libertad de buscar compradores fuera del mercado local.

Desde RegUNDO entendemos que el derecho de propiedad no consiste solamente en conservar formalmente la titularidad de un bien. Comprende también la facultad de disponer de él, determinar su destino y elegir con quién contratar. Cuando el Estado impide exportar para asegurar el abastecimiento de determinados compradores, transforma al propietario en proveedor cautivo y convierte una política industrial en una transferencia encubierta.

La decisión adoptada por el gobierno de Javier Milei restituyó aquella facultad, introdujo competencia y reemplazó una prohibición general por controles vinculados con riesgos concretos. Su relevancia no se limita a los dólares exportados. También demuestra que la protección concedida a una industria puede terminar debilitando la actividad de muchas otras y que, cuando desaparece el privilegio regulatorio, aquello que permanecía inmovilizado adquiere valor económico.

Durante quince años se pretendió fortalecer a la industria restringiendo la libertad de quienes recuperaban y comercializaban los materiales. La desregulación modificó esa relación: las pymes dejaron de depender exclusivamente de los compradores protegidos por la prohibición y pudieron someter sus residuos a la competencia del mercado. La chatarra ya existía; lo que el gobierno de Javier Milei liberó fue la posibilidad de aprovecharla.