Súper RIGI: de la libertad de inversión a las exigencias proteccionistas
By Redacción regUNDO · October 2026 · 2 min read
El Súper RIGI, presentado por el Gobierno en mayo de 2026 para atraer inversiones superiores a los 1 000 millones de dólares en industrias nuevas y de alta tecnología, continúa sin dictamen en el Senado, a pesar de haber obtenido media sanción en Diputados el 24 de junio. El proyecto original del Poder Ejecutivo, inspirado en principios de libertad económica, proponía beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, junto con estabilidad jurídica durante 30 años, sin establecer obligaciones de contratación de proveedores nacionales.
Sin embargo, durante su tratamiento en Diputados se incorporó una cuota mínima del 20 % de contratación local, condicionada a la disponibilidad de proveedores que ofrecieran condiciones competitivas de precio y calidad. Aunque el oficialismo aceptó mantener esa exigencia, incluida en el dictamen de mayoría, las negociaciones en el Senado sumaron un nuevo reclamo: considerar competitivas las ofertas nacionales aun cuando superen hasta un 15 % el precio de una alternativa importada equivalente.
Condiciones de contratación:
Proyecto original de Milei — Mayo de 2026
Sin cuotas obligatorias de contratación nacional. Libertad de elección de proveedores.
Presentado por el Ejecutivo.
Diputados — Junio de 2026
Se incorpora un mínimo del 20 % de contratación local, sujeto a disponibilidad y condiciones competitivas.
Modificación aceptada por el oficialismo. Media sanción.
Senado — Octubre de 2026
Se reclama admitir ofertas nacionales hasta un 15 % más caras que las importadas equivalentes.
Exigencia adicional en negociación, todavía no aprobada.
Resultado
Persisten las diferencias sobre las preferencias a proveedores nacionales.
Sin dictamen ni fecha confirmada de votación al 14 de octubre de 2026.
Detrás de estas exigencias aparecen intereses industriales y provinciales que buscan asegurar una mayor participación de proveedores nacionales en las futuras inversiones. Si bien se argumenta que estas preferencias protegerían la producción y el empleo local, también podrían encarecer los proyectos y limitar las opciones de contratación. La cuestión no consiste en favorecer a empresas extranjeras frente a las argentinas, sino en permitir que todas compitan en condiciones de mercado, sin ventajas establecidas por su nacionalidad. Una distinción que, a juzgar por las exigencias planteadas durante el debate legislativo, algunos sectores de la oposición parecen resistirse a comprender.
El problema de estas exigencias es que pueden terminar perjudicando a la propia industria que pretenden proteger. Encarecer las inversiones o restringir la elección de proveedores no solo desalienta la llegada de nuevos proyectos, sino que también reduce las oportunidades de crecimiento para las empresas argentinas que podrían integrarse a ellos.
Desde RegUNDO destacamos que el Gobierno aceptó una modificación proteccionista ajena a su propuesta inicial y que, aun así, el proyecto continúa detenido en el Senado. Lo que está en juego trasciende la aprobación del Súper RIGI: se trata de avanzar en la transformación de un modelo económico que durante décadas favoreció a determinados sectores mediante restricciones a la competencia. En ese sentido, las reformas impulsadas por el Gobierno marcan una ruptura con ese modelo, al priorizar la libertad económica, la competencia y la igualdad de reglas frente a los privilegios y los mercados cautivos.
