India fija límites al castigo burocrático

India es una de las mayores economías del mundo, cuenta con una industria tecnológica de proyección internacional y supera los 1.400 millones de habitantes. Sin embargo, su potencial económico contrasta con sus indicadores sociales. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 de Naciones Unidas, el país ocupa el puesto 130 entre 193 naciones, con un índice de 0,685, correspondiente a la categoría de desarrollo humano medio. Argentina, en comparación, se ubica en el puesto 47, con un índice de 0,865.

La distancia también se refleja en la educación: la población adulta india registra un promedio de apenas 6,88 años de escolarización. Estos déficits responden a múltiples factores históricos, económicos e institucionales. Entre los obstáculos que merecen atención figura una estructura regulatoria que durante décadas llegó a imponer penas de prisión por incumplimientos administrativos.

En abril de 2026, el Gobierno de Narendra Modi dio un paso para modificar esa situación mediante la aprobación de la Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act. Según el Ministerio de Comercio e Industria, la reforma modifica 784 disposiciones de 79 leyes nacionales, distribuidas entre 23 ministerios. De ellas, 717 fueron despenalizadas y otras 67 modificadas para simplificar obligaciones administrativas y cotidianas.

El alcance de la reforma se comprende mejor a través de algunos ejemplos:

• Producción de seda: proporcionar información incorrecta o no presentar determinados registros podía dar lugar a una pena de prisión. Ahora se prevé una advertencia ante la primera infracción y sanciones económicas para las reincidencias.

• Industria del té: no presentar declaraciones obligatorias o presentar información falsa estaba sujeto a multas penales. El nuevo régimen introduce una advertencia antes de aplicar sanciones por reiteración.

• Medicamentos tradicionales: omitir información sobre determinados establecimientos de fabricación o almacenamiento podía castigarse con hasta seis meses de prisión y una multa. La pena privativa de libertad se sustituye por una sanción económica.

• Exportaciones agrícolas: determinados incumplimientos documentales pasan a un sistema progresivo de advertencias y sanciones.

• Derechos de autor: realizar una inscripción falsa en el registro correspondiente podía acarrear hasta un año de prisión. La reforma elimina esa disposición penal.

Los casos están documentados en el informe oficial del Gobierno de India sobre la reforma Jan Vishwas.

La iniciativa no implica que todas las obligaciones desaparezcan ni que se renuncie a sancionar conductas peligrosas. El Ministerio de Salud confirmó en junio que determinados incumplimientos técnicos y menores relacionados con medicamentos y cosméticos pasarían a sancionarse administrativamente, mientras se mantienen las sanciones penales para infracciones graves que comprometen la salud pública.

La distinción resulta fundamental. No es lo mismo cometer un error documental que falsificar un producto o poner en peligro a un consumidor. Sin embargo, una regulación que amenaza con procesos penales incluso ante faltas subsanables introduce riesgos y costos que pueden desalentar la actividad económica, especialmente entre pequeños productores y emprendedores.

India todavía enfrenta profundas dificultades sociales. No existe evidencia suficiente para atribuir su rezago económico y educativo principalmente a la burocracia, ni para afirmar que esta reforma ya produjo mejoras en el empleo o la inversión. Pero las restricciones innecesarias pueden dificultar la formalización, encarecer el ingreso al mercado y limitar las oportunidades de una población con un enorme potencial productivo.

Desde la perspectiva de RegUNDO, la experiencia india plantea una cuestión que trasciende sus fronteras y es la necesidad de distinguir entre las obligaciones que protegen derechos y aquellas que imponen cargas injustificadas. Despenalizar un trámite es un avance. El desafío más profundo consiste en determinar si ese trámite debería existir.