Vaca Muerta: de la desregulación a la inversión que abre caminos

La Legislatura de Neuquén aprobó en general un acuerdo impulsado por el gobernador Rolando Figueroa mediante el cual quince empresas petroleras adelantarán hasta 177 millones de dólares, sin intereses, para financiar obras sobre 158 kilómetros de las rutas provinciales 7, 8 y 51. La provincia ejecutará los trabajos y las compañías recuperarán los fondos mediante peajes y compensaciones sobre regalías futuras, en un esquema que permite anticipar infraestructura sin recurrir al financiamiento convencional con intereses.

La noticia adquiere mayor relevancia cuando se observa el proceso económico que la hizo posible. Neuquén necesita ampliar su infraestructura porque Vaca Muerta continúa atrayendo inversiones, incrementando su producción y movilizando una actividad que se extiende mucho más allá de los yacimientos. Esa expansión, iniciada años atrás, se desarrolla hoy en un contexto nacional profundamente modificado por las reformas económicas impulsadas desde diciembre de 2023.

El cambio comenzó con el DNU 70/2023, que estableció como orientación general la eliminación de restricciones a la actividad económica, y adquirió especial relevancia para el sector energético mediante la Ley Bases 27.742. Esta última reconoció expresamente el dominio de los concesionarios sobre los hidrocarburos extraídos, amplió sus facultades de comercialización y exportación y prohibió al Poder Ejecutivo fijar administrativamente sus precios en el mercado interno.

La importancia de estas modificaciones reside en que una economía no puede aprovechar plenamente sus recursos si quienes invierten y producen carecen de libertad para decidir cómo utilizarlos. Los precios transmiten información sobre la demanda, los costos y las oportunidades comerciales, mientras que la competencia orienta el capital hacia aquellas actividades capaces de generar mayor valor. Cuando esas decisiones quedan sometidas a autorizaciones discrecionales o intervenciones sobre los precios, se altera la información que guía la inversión y se debilita la relación entre el riesgo asumido y el beneficio esperado.

Sin embargo, la libertad económica necesita también un entorno que permita proyectar decisiones de largo plazo. En este sentido, el ordenamiento fiscal y monetario impulsado por el gobierno de Milei incorporó otra dimensión al proceso de reformas. La pronunciada desaceleración de la inflación, documentada por el INDEC, y la flexibilización del régimen cambiario dispuesta por el Banco Central contribuyeron a modificar las condiciones para presupuestar proyectos, organizar contratos y realizar operaciones internacionales. A ello se sumó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que introdujo garantías de estabilidad y beneficios específicos para emprendimientos de gran escala.

En una industria donde las inversiones requieren enormes desembolsos iniciales y horizontes de recuperación prolongados, la posibilidad de disponer de la producción, celebrar contratos comerciales y contar con reglas más previsibles resulta particularmente relevante. La seguridad jurídica no es un beneficio accesorio que se obtiene después de invertir, sino una de las condiciones que permiten comprometer capital antes de que la producción exista.

Los indicadores ayudan a dimensionar el dinamismo alcanzado. Según un informe de la consultora Economía y Energía publicado por Mejor Energía, las inversiones ejecutadas en Vaca Muerta pasaron de 5.312 millones de dólares en 2022 a 10.637 millones en 2025, mientras que las previsiones empresariales para 2026 alcanzaron los 12.373 millones. Por su parte, la Secretaría de Energía de la Nación informó que la producción petrolera llegó en julio de 2026 a 643.100 barriles diarios, un incremento interanual del 26,4 %.

Ese movimiento de capital y producción tiene una consecuencia que suele quedar fuera de las estadísticas energéticas: cada nueva inversión requiere transporte, maquinaria, ingeniería, servicios, trabajadores y proveedores capaces de acompañarla. Las oportunidades se extienden así a actividades que no extraen petróleo ni gas, desde la construcción y la logística hasta el comercio y los servicios profesionales, y alcanzan también a ciudades de Río Negro como Cipolletti, vinculadas económicamente con Neuquén a través del corredor del Alto Valle.

Es precisamente en ese punto donde el acuerdo vial adquiere su verdadero significado. Las rutas dejan de ser solamente una necesidad de infraestructura para convertirse también en una expresión de la escala alcanzada por la actividad productiva. Su financiamiento mediante adelantos de las operadoras muestra cómo la provincia busca articular sus responsabilidades de infraestructura con los recursos y las necesidades de un sector que continúa expandiéndose.

Desde RegUNDO entendemos que el crecimiento económico depende, en buena medida, de las condiciones en las que las personas y las empresas pueden desarrollar sus actividades. No es el Estado quien debe decidir dónde invertir, qué producir o cómo aprovechar las oportunidades del mercado. Su responsabilidad es garantizar reglas claras y estables, respetar la libertad de contratación y permitir que quienes arriesgan su capital puedan beneficiarse de los resultados. Cuando esas condiciones se cumplen, las inversiones no solo impulsan la actividad que las origina, sino que también generan oportunidades para proveedores, trabajadores y empresas de otros sectores.

El caso de Neuquén muestra, además, cómo las provincias pueden aprovechar un marco nacional favorable a la inversión mediante decisiones propias que acompañen sus necesidades productivas. En lugar de concebir el crecimiento como una distribución de recursos previamente existentes, se trata de facilitar la creación de nueva riqueza y de infraestructura capaz de ampliar las posibilidades económicas del territorio.

La experiencia de Vaca Muerta pone de manifiesto la importancia de remover los obstáculos que condicionan la actividad económica. El acuerdo alcanzado en Neuquén es una expresión concreta de esa dinámica y de las posibilidades que se abren cuando las provincias acompañan la expansión productiva favorecida por un marco nacional de desregulación y estabilidad económica.